La Comisión Europea ha validado el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo remitido por el Gobierno español el 15 de octubre, en cumplimiento del nuevo marco de gobernanza económica y fiscal de la Unión Europea. El Plan es a cuatro años y presenta un escenario de consolidación a siete, incluyendo medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo. La Comisión respaldó la senda de crecimiento medio del gasto primario neto establecida por España del 3,4% para el periodo 2025-2028 y del 3% para el periodo a siete años. Esta senda permitirá situar la ratio deuda-PIB por debajo del 100% en 2027 y reducir el déficit público hasta el 0,8% en 2031.

Las reformas e inversiones previstas permiten continuar con una agenda de modernización en ámbitos estratégicos como la transición verde y digital, seguridad energética, competencias profesionales, clima empresarial y vivienda asequible, elevando el potencial de crecimiento y reforzando la sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo, incluye un conjunto de medidas con efectos macroeconómicos y fiscales a medio y largo plazo, como la reciente reforma fiscal aprobada por el Congreso el 21 de noviembre, destinada a aumentar los ingresos públicos y modernizar el sistema tributario.

También incorpora nuevos compromisos en política económica agrupados en cinco ejes: transición ecológica, transformación digital, capital humano, capital físico y productividad, y medidas presupuestarias. En la transición ecológica, destacan los nuevos objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así como la inclusión de una nueva medida, la aprobación de una Estrategia para la planificación de la red de transporte 2025-2030. En la transformación digital, destacan las medidas del Plan Nacional de Competencias Digitales y la Estrategia de Inteligencia Artificial, la reforma del sistema de ciencia e I+D y la Estrategia de Inteligencia Artificial. En el capital humano, se incluyen medidas para expandir la oferta laboral, como la reforma laboral, de subsidios y del sistema de extranjería. En el capital físico y productividad, se incluyen medidas para mejorar el clima de negocios y expandir el parque de vivienda. En el ámbito presupuestario, se incluyen actuaciones para la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público.

La validación de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo por la Comisión constituye el núcleo del nuevo marco de gobernanza económica y su aprobación supone el primer hito cumplido en este escenario. Los planes deben garantizar una trayectoria descendente de la deuda pública y un déficit público por debajo del 3% del PIB a medio plazo, además de realizar reformas e inversiones que respondan a los retos identificados en el Semestre Europeo y las prioridades comunes de la UE. El período de ajuste presupuestario abarca cuatro años, con posibilidad de prórroga hasta tres años si se comprometen a reformas e inversiones pertinentes, como en el caso del Plan español.