El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que establece las bases para la ordenación del sector industrial y el marco de la política industrial española, así como los criterios de coordinación entre las administraciones públicas. Esta ley tiene como objetivo impulsar una nueva estrategia industrial para incrementar el peso de la industria en la economía española y el empleo, mejorar su competitividad y resiliencia, y hacer posible su contribución a los objetivos de descarbonización de la economía y de transformación digital.

La nueva ley consolida y refuerza los instrumentos que permiten la participación de la industria española en el mercado interior europeo, manteniendo entre sus objetivos la garantía y protección de la libertad de establecimiento de empresas industriales, la protección de la libre circulación de productos industriales, la garantía de la unidad de mercado y la coordinación administrativa, la promoción y control de la seguridad y calidad industriales, y la regulación del régimen general de responsabilidad de la actividad industrial.

Entre las principales novedades que esta propone, destacan las que a continuación se mencionan.

A nivel objetivos, teniendo en cuenta la estrategia industrial europea, se busca:

• Planificar y promocionar una mayor autonomía estratégica y crecimiento de la base industrial
• Fomentar el talento y la cultura industrial
• Impulsar ecosistemas, proyectos tractores y estratégicos
• Fomentar el crecimiento y la internacionalización de la empresa industrial
• Consolidar un entorno favorable al desarrollo de empresas industriales y a su adaptación a los cambios estructurales, especialmente en las pymes.
• Fortalecimiento institucional y el impulso de la participación de los agentes sociales, el diálogo social y la negociación colectiva.
• Transformación digital del sector industrial.
• La transformación hacia una industria de cero emisiones netas de aquí a 2050

A nivel de Gobernanza, la Ley prevé la creación de los siguientes elementos:

• Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica, que contendrá las líneas generales y directrices básicas de la política industrial.
• Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica, para el desarrollo y consecución de los objetivos de la estrategia. Con una vigencia de tres años, incluirá programas de mejora de la competitividad industrial, digitalización, innovación, entornos colaborativos, formación y autonomía estratégica.
• Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI). Órgano consultivo que coordinará las acciones de la Administración General del Estado (AGE) en el desarrollo del Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica (PIAE).
• Conferencia Sectorial de Industria y PYME. Órgano de cooperación entre la AGE y las Comunidades Autónomas en los ámbitos regulados en esta ley.
• Foro de Alto Nivel de la Industria Española. Órgano colegiado con autonomía funcional que asesorará al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINTUR) en el diseño de las políticas del Gobierno en materia de política industrial y autonomía estratégica. Su composición será mixta, integrada por representantes del MINTUR y de los agentes económicos y sociales del sector industrial de ámbito nacional.

 

Otras medidas

La Ley incluye una especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica o gas), con medidas de apoyo que faciliten la descarbonización de sus procesos y su transición energética. Las instalaciones industriales que se acojan a estas medidas deberán disponer de un plan de eficiencia energética y transición ecológica a largo plazo, que describa la senda de descarbonización de la instalación.

Asimismo, se articularán medidas de apoyo a los Ecosistemas Industriales Estratégicos, habilitando la posible concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva y grupos de trabajo específicos de simplificación administrativa. Podrán reconocerse nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) más allá de la vigencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que tendrán que estar enmarcados en al menos un ecosistema industrial o un reto identificado como estratégico.

Además, la Ley pretende asegurar las inversiones realizadas en España, regulando que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en el país deba anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno y, en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, tenga que devolverlas si reduce en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla.

Por último, se crea la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), un fondo de productos y capacidades estratégicas susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis. No se trata tanto de tener productos almacenados, como de disponer de un listado de artículos estratégicos y de capacidades de producción nacional ante casos excepcionales de situaciones críticas.

 

Transformación de SEPIDES

El Consejo de Ministros también ha aprobado la transformación de la Sociedad Mercantil Estatal SEPI Desarrollo (SEPIDES) en la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Estatal. Esta entidad, cuya titularidad corresponde a SEPI, actualmente está en el ámbito del Ministerio de Industria y Turismo. SEPIDES ya cuenta con una importante experiencia en materia de apoyo al sector industrial, entre otras actuaciones, con la gestión del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP). Con la conversión de SEPIDES en Entidad Pública Empresarial (EPE), el Gobierno da un paso más en su apuesta por la reindustrialización y la transformación, racionalizando y mejorando la eficiencia en la gestión de los fondos dirigidos a la promoción y el impulso de la actividad industrial. SEPIDES gestionará las nuevas convocatorias de los PERTE financiadas con los fondos europeos de la adenda, como la cuarta convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, del PERTE Agroalimentario o las nuevas convocatorias del PERTE de descarbonización industrial.