El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 25 de enero, publicó la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se regulan los aspectos necesarios para cumplir con la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Esta disposición es la relativa al procedimiento de análisis sistemático y automatizado del riesgo del conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR. Asimismo, permite cumplir con una exigencia de la Comisión Europea a todos los Estados Miembros en el ámbito de la ejecución de los planes de recuperación y transformación aprobados. Este análisis “ex ante” se llevará a cabo en los procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones vinculados a la ejecución del citado Plan de Recuperación, con el objetivo de verificar la ausencia de conflicto de interés entre los miembros de los órganos de contratación y de concesión de subvenciones, y los participantes en los citados procedimientos en las diferentes fases del mismo. Todo ello basándose en una herramienta informática de 'data mining' de la Agencia Tributaria, MINERVA. A través de dicha aplicación informática de la Agencia Tributaría se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que pueda haber un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, con la particularidad de que en dicho análisis se tendrá en cuenta la titularidad real de los licitadores o solicitante. Por último, se crea la unidad especializada de asesoramiento en materia conflicto de interés en la Intervención General de la Administración del Estado, que tendrá entre sus funciones difundir buenas prácticas para evitar y prevenir conflictos de interés o elaborar manuales prácticos sobre la identificación y la forma de abordar situaciones de conflicto de interés.